PEPs

Los PEPs son personas destacadas que implican tener un mayor nivel de riesgo en materia de lavado de dinero o delitos precedentes como la corrupción y el soborno, por lo que las entidades financieras requieren conocer y reportar esta condición.
Todas las entidades financieras deben conocer a sus clientes para saber si son Personas Políticamente Expuestas o si esta relacionada con PEPS, cónyuges PEPs, son de familiares PEPs o tienen socios PEPs, según lo definido en la ley en materia de lavado de dinero de acuerdo al Artículo 22 y las regulación del El Banco Central de Costa Rica (BCCR).

El oficial de cumplimiento debe tomar medidas adicionales sobre verificación de PEPs, cónyuges, familiares y miembros de sociedades con actividades financieras relacionadas.

Las instituciones financieras están obligadas a reconocer y reportar a las personas expuestas políticamente mediante sistemas apropiados de gestión de riesgo y verificación periódica que permitan determinar si el cliente o el beneficiario final es una persona expuesta políticamente.

Las normas establecen que para establecer cuentas con PEPs o para continuar dichas relaciones comerciales en el caso de los clientes ya existentes deben obtener la aprobación de la alta gerencia.

El caso de PEPs y sus familiares se deben tomar medidas razonables para establecer la fuente de riqueza y de donde provienen los fondos de sus clientes; y llevar a cabo un monitoreo continuo intensificado de la relación comercial con la entidad.

En Costa Rica la definición de PEPs o Personas Expuestas Políticamente, son todas aquellas las personas naturales, nacionales o extranjeras, que cumplen o hayan cumplido funciones públicas destacadas o funciones prominentes en una organización internacional, sea en el territorio nacional o extranjero.

Las personas políticamente expuestas son individuos que requieren especial atención y medidas de prevención de lavado de dinero. Existen diferentes entidades internacionales como el GAFI, que ayudan a los países para reforzar sus leyes y normas en relación con este tipo de personas.

¿Durante cuánto tiempo es una persona considerada como PEP?
Según las normas costarricenses la condición de PEP se mantiene hasta 8 años después de haber cesado en el cargo, sin embargo los Jefes de Estado o Presidentes de una Nación se consideran como PEP indefinidamente.
Esta duración de la condición de PEP es más larga en Costa Rica relación con otros países de la región.

La definición oficial PEPs en Costa Rica se establece en la ley 7786 y 8402, Ley sobre legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo en Costa Rica

Artículo 22.- Relación con personas expuestas políticamente (PEPs): Las entidades y los sujetos obligados deben aplicar una diligencia debida reforzada cuando se trate de clientes que sean considerados personas expuestas políticamente, sean estos nacionales o extranjeros.
Las personas expuestas políticamente (PEPs) son aquellas que de conformidad con la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, deben rendir declaración jurada sobre su situación patrimonial ante la Controlaría General de la República por ocupar algunos de los siguientes cargos: los diputados de la Asamblea Legislativa, el presidente de la República, los vicepresidentes; los ministros, con cartera o sin ella, o los funcionarios nombrados con ese rango; los viceministros, los magistrados propietarios y suplentes del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones, los jueces y las juezas de la República, tanto interinos como en propiedad; el contralor y el subcontralor generales de la República, el defensor y el defensor adjunto de los habitantes, el procurador general y el procurador general adjunto de la República, el fiscal general de la República; los fiscales adjuntos, los fiscales y los fiscales auxiliares del Ministerio Público; los rectores, vicerectores, los contralores o los subcontralores de los centros estatales de enseñanza superior; el regulador general de la República; los superintendentes de las entidades financieras, instituciones públicas y de servicios públicos, así como los respectivos intendentes; el Contador Nacional, el Tesorero Nacional, los oficiales mayores de los ministerios; los presidentes ejecutivos, los miembros de las juntas directivas, excepto los fiscales sin derecho a voto; los gerentes, los subgerentes, los auditores o los subauditores internos, y los titulares de las proveedurías de toda la Administración Pública y de las empresas públicas, así como los regidores propietarios y suplentes; y los alcaldes municipales y alcaldes suplentes o vicealcaldes;
así como los jefes de misiones diplomáticas;
los empleados de las aduanas, los empleados que tramiten licitaciones públicas, los demás funcionarios públicos que custodien, administren, fiscalicen o recauden fondos públicos, establezcan rentas o ingresos en favor del Estado;
los que aprueben y autoricen erogaciones con fondos públicos, que podrá incluir también a empleados de sujetos de derecho privado que administren, custodien o sean concesionarios de fondos, bienes y servicios públicos.

Asimismo serán considerados personas expuestas políticamente los extranjeros que ocupen o hayan ocupado puestos homólogos a los indicados en este artículo.

Para el cónyuge de las PEPs, se deben considerar riesgos similares a los determinados para las PEPs.
Se debe reportar si es PEP, o si algún familiar es PEP, hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, o socio cercano de una persona PEP.

Adicionalmente se debe reportar si las personas o empresas han tenido relaciones comerciales con PEPs según establece el Artículo 23.

Por estas razones se requiere que en el correspondiente formulario en la sección de información personal, la persona debe indicar si es o no una persona políticamente expuesta, familiar o socio en alguna empresa.